¿A favor del emprendimiento o al rechazo de la empresa privada?

Autor: Lic. Rolando Rivero Pereda

Actualmente Cuba se encuentra en un proceso de redefinición de sus políticas económicas; algunas de ellas con un importante impacto para el sector privado. Lamentablemente, muchas de estas políticas, como la eliminación del alcance del trabajo por cuenta propia o la consumación de las micros, pequeñas y medianas (MiPYMEs), han sido anunciadas, pero no implementadas, como si el tiempo no fuera un factor imprescindible a utilizar en el enfrentamiento a las repercusiones negativas que han traído la actual crisis sanitaria de COVID-19 y la implementación de la “Tarea Ordenamiento”.
Recientemente, el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía del país ha divulgado (otro anuncio más) algunas características que tendrán las futuras MiPYMEs. Según la información brindada por esta autoridad, las futuras MiPYMES serán de propiedad estatal y privada, y sus rangos de definición se establecerán por cantidad de trabajadores. Es decir, una microempresa tendrá entre 1 a 10 trabajadores; la pequeña empresa contará desde 11 hasta 36 empleados y la mediana empresa, desde 36 hasta 100 recursos humanos.
Después de las informaciones ofrecidas por el Ministro quedan muchas interrogantes. Algunos especialistas se cuestionan: ¿Por qué no se integran las MiPYMEs en el sector agropecuario tan golpeado a lo largo de los años? Pero hay otro aspecto a analizar: ¿Por qué definir las futuras micro, pequeñas y medianas empresas cubanas por cantidad de trabajadores?
Existen muchas formas de delimitar las MiPYMEs y determinarlas por cantidad de empleados es una de ellas. Sin embargo, llama la atención de cuáles fueron los motivos que conllevaron a las autoridades cubanas decidir por esta variante y no otra. Muchas preguntas podrían hacerse alrededor de este punto.
¿Se tuvo en cuenta las repercusiones económicas que traerá limitar la cantidad de empleos en un momento de alta demanda de ocupación por la sociedad? ¿Acaso no es incoherente limitar el número de empleados al mismo tiempo que se llama por las autoridades a generar nuevos empleos directos a la producción y los servicios? ¿Los decisores o sus asesores están limitando, antes de su creación, el crecimiento de la empresa privada? ¿Será esta la primera de muchas políticas antimonopolio?
Muchas pueden ser las respuestas e interpretaciones a estas preguntas. Se deberá esperar a la publicación de las regulaciones de las MiPYMEs. Aún hay muy poca información y mucha incertidumbre.
Lo que sí es cierto, es que se presentará una nueva oportunidad para los emprendedores cubanos. De allí que se sepa aprovecharla.
Los emprendedores cubanos hoy tienen la otra oportunidad de materializar sus sueños e incentivar la creatividad mediante un marco legal más fortalecido. Así mismo, tienen el reto de demostrar que emprender no es antónimo de honestidad; que los emprendimientos son parte de la solución y no del problema; que la empresa privada puede ser y es de beneficio para el desarrollo de la sociedad; que la empresa estatal y la privada pueden convivir en armonía sin representar amenazas.
Todo lo anterior puede conquistarse con buenas prácticas empresariales. ¡Alcancemos esos sueños!